Mercado bursátil vs. extrabursátil: el ahorro que puede salir caro
La cifra que cambia el debate
En 2025, el mercado bursátil ecuatoriano negoció $18.224 millones. Fuera de bolsa, el segmento observable de operaciones públicas registradas en bonos del Estado y CETES sumó al menos $7.857 millones. La cifra no representa el total del mercado extrabursátil. Todavía falta una pieza: no existe una estadística pública consolidada de las colocaciones directas que las instituciones financieras realizan con sus clientes.
El debate entre mercado bursátil y extrabursátil suele presentarse como una disputa entre un mecanismo “caro” y otro “barato”. Esa comparación es seductora, pero incompleta. En un mercado financiero, el costo de una operación no se limita a la comisión que aparece en la liquidación: también incluye el precio obtenido, la cantidad de participantes que compitieron, el spread, la facilidad para encontrar una contraparte y la calidad de la información disponible.
Una operación puede no pagar comisión y, aun así, resultar más costosa si se ejecuta a una tasa menos favorable. Por eso, la pregunta relevante no es simplemente dónde cuesta menos transar, sino dónde se forma un precio más confiable y cuánto pierde el mercado cuando la negociación se fragmenta.
El mercado extrabursátil ya existe: la discusión no parte de cero
Ecuador ya permite operaciones fuera de bolsa. La reforma del mercado, por tanto, no parte de una hoja en blanco ni enfrenta dos modelos mutuamente excluyentes. El punto de fondo es determinar qué operaciones deben concentrarse en mecanismos competitivos y cuáles pueden mantenerse en canales directos sin deteriorar la transparencia.
Aquí conviene hacer una precisión técnica. La Ley de Mercado de Valores utiliza una definición estricta: denomina mercado extrabursátil al mercado primario que se genera directamente entre una institución financiera y el inversionista, sin una casa de valores, mediante valores propios de giro ordinario o de inscripción genérica emitidos por esa institución. En términos más amplios, también existen operaciones “fuera de bolsa” entre entidades públicas, pero estas responden a una excepción jurídica distinta.
En este artículo, la expresión “fuera de bolsa” se utiliza como una categoría amplia que comprende tanto la colocación primaria directa de valores propios de instituciones financieras, prevista en el artículo 3, como las operaciones entre entidades públicas autorizadas excepcionalmente por el artículo 37.
El Estado ya negocia fuera de bolsa y lo hace por miles de millones
La ley dispone que las inversiones y desinversiones de valores del sector público se realicen, como regla general, en el mercado bursátil. La excepción opera cuando comprador y vendedor son dos entidades públicas. En ese caso, la transacción puede cerrarse fuera de bolsa, pero debe registrarse de manera informativa y gratuita en las bolsas de valores.
Ese registro explica por qué sí existe información sobre una parte del universo fuera de bolsa. En 2025, las operaciones registradas de bonos del Estado alcanzaron $3.901 millones y las de CETES $3.956 millones. En conjunto sumaron al menos $7.857 millones.
El crecimiento tampoco es marginal. Las operaciones fuera de bolsa con bonos del Estado pasaron de $3.620 millones en 2024 a $3.901 millones en 2025.
El Estado ya negocia fuera de bolsa y lo hace por miles de millones
La ley dispone que las inversiones y desinversiones de valores del sector público se realicen, como regla general, en el mercado bursátil. La excepción opera cuando comprador y vendedor son dos entidades públicas. En ese caso, la transacción puede cerrarse fuera de bolsa, pero debe registrarse de manera informativa y gratuita en las bolsas de valores.
Ese registro explica por qué sí existe información sobre una parte del universo fuera de bolsa. En 2025, las operaciones registradas de bonos del Estado alcanzaron $3.901 millones y las de CETES $3.956 millones. En conjunto sumaron al menos $7.857 millones.
El crecimiento tampoco es marginal. Las operaciones fuera de bolsa con bonos del Estado pasaron de $3.620 millones en 2024 a $3.901 millones en 2025.
La bolsa movió $18.224 millones en 2025 y permite saber exactamente en qué títulos
La concentración de recursos en manufactura, comercio, agricultura, tecnología y construcción evidencia que el mercado de valores no financia únicamente operaciones financieras. Su principal función consiste en canalizar ahorro hacia actividades directamente vinculadas con la producción, la generación de empleo y el crecimiento económico.
Por ello, el desarrollo del mercado de capitales guarda una estrecha relación con el crecimiento económico de largo plazo. Los países con mercados financieros más profundos suelen registrar mayores niveles de inversión, productividad e innovación.
Detrás de cada emisión existe una decisión de inversión productiva. Por ello, la evolución del mercado de valores proporciona información valiosa sobre las expectativas empresariales y la trayectoria futura de la economía. Una desaceleración en las nuevas emisiones puede interpretarse como una señal de menor dinamismo en la inversión privada futura.
2025: dos segmentos observables, pero con distinta cobertura estadística
En bolsa, el inversionista ve la comisióna, fuera de ella, el costo puede esconderse en el precio
Para negociar en bolsa, el inversionista privado debe utilizar una casa de valores. El costo explícito incluye la comisión de bolsa, la comisión de la casa y el IVA sobre esos servicios. Las tarifas no son uniformes: cambian según el instrumento, el monto, el plazo, el tipo de operación y el intermediario.
En una compra de bonos del Estado por un inversionista privado, por ejemplo, la comisión promedio conjunta de bolsa y casa de valores fue de aproximadamente 0,167% antes de IVA. En certificados de depósito llegó a 0,348%; en obligaciones corporativas, a 0,356%; y en papel comercial, a 0,477%.
Estos porcentajes son promedios observados, no tarifas universales. Ese costo aparece deforma explícita y puede compararse entre casas de valores. El inversionista privado paga comisiones visibles en bolsa; fuera de ella, el costo puede esconderse en el precio.
Para el sector público la comisión ya es cero
La discusión cambia cuando se analiza el costo asumido por el Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas no paga comisiones por la colocación de bonos, CETES y notas del Tesoro, mientras el registro de las operaciones realizadas fuera de bolsa entre dos entidades públicas es gratuito por disposición legal. El inversionista privado que compra deuda pública en bolsa sí paga comisiones de bolsa y de casa de valores.
Esto obliga a formular una pregunta incómoda: ¿qué comisión se pretende ahorrar si, para estas operaciones, el costo explícito del sector público ya es cero? En el caso de la deuda soberana, trasladar más negociaciones fuera de bolsa no genera un ahorro para el Estado. El cambio relevante no está en la comisión, sino en el mecanismo utilizado para encontrar comprador, comparar posturas y formar la tasa.
Registrar un precio después de la operación no equivale a formarlo en competencia
El registro obligatorio de las transacciones entre entidades públicas es valioso. Permite conservar una estadística, conocer montos, tasas, rendimientos y plazos, y aportar referencias para el resto del mercado. Sin ese reporte, una parte sustancial de la actividad financiera desaparecería de las estadísticas.
Pero la transparencia posterior no sustituye la competencia previa. En una operación bursátil, distintas posturas pueden encontrarse dentro de un sistema de negociación. En una operación bilateral, el precio se acuerda antes de ser reportado. El registro informa a qué precio se cerró; no demuestra que el vendedor recibió la mejor oferta disponible ni que varios compradores compitieron por el título.
Por eso, las operaciones fuera de bolsa pueden contribuir a la información y al descubrimiento de precios ex post (después), pero tienen una capacidad más limitada para formar precios representativos ex ante (antes). La diferencia es técnica, pero decisiva para construir una curva de rendimientos de la deuda pública.
El verdadero agujero estadístico está en las colocaciones directas de las instituciones financieras
La ley permite que una institución financiera coloque directamente a un inversionista sus propios valores genéricos o de giro ordinario, sin intervención de una casa de valores. En este grupo pueden encontrarse instrumentos como certificados de depósito, certificados de inversión, pólizas de acumulación, pagarés y otros valores propios autorizados e inscritos.
El problema es que no existe una estadística pública transaccional que consolide, para todo el sistema, cuánto se coloca directamente a clientes, a qué tasas, con qué plazos y a qué precios.
Por tanto, no es correcto afirmar que el mercado extrabursátil ecuatoriano carece por completo de estadísticas. Sí, conocemos el segmento de operaciones entre entidades públicas, porque la ley obliga a reportarlo. Lo que no existe es un consolidado público equivalente que permita sumar ese segmento con todas las colocaciones directas de las instituciones financieras a sus clientes.
Los dos mercados tienen una función, el problema aparece cuando compiten con reglas de transparencia distintas
El mercado extrabursátil no debe prohibirse. Su principal ventaja es la flexibilidad: permite adaptar montos, plazos y condiciones, facilita colocaciones directas de instrumentos financieros estandarizados y puede reducir determinados costos operativos. Para operaciones institucionales específicas, esa flexibilidad puede ser eficiente.
La bolsa, por su parte, concentra órdenes, hace visibles los costos, registra las operaciones y transforma transacciones individuales en información pública. Esa infraestructura es especialmente valiosa en un mercado pequeño, donde dispersar la liquidez puede dificultar el encuentro entre compradores y vendedores y ampliar los spreads.
Pros y contras
La reforma debe abrir una válvula, no desmontar el mercado bursátil
La Asamblea Nacional tramita el Proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero que, entre otros cambios, amplía los mecanismos de negociación fuera de bolsa. El proyecto ya superó el primer debate y se encuentra en la fase de preparación del informe para segundo debate.
La apertura puede mejorar la eficiencia operativa, pero requiere límites claros. La alternativa más prudente sería autorizar un mercado extrabursátil exclusivamente para la colocación primaria de valores de deuda emitidos por el Gobierno Central. En este mecanismo podrían participar directamente como compradores las entidades públicas y las instituciones del sistema financiero privado; los demás inversionistas continuarían participando mediante casas de valores.
Esta nueva habilitación no debería extenderse a la intermediación directa de valores privados emitidos por terceros ni convertir a los bancos en intermediarios generales del mercado de valores. El régimen vigente que permite a las instituciones financieras colocar directamente sus propios valores puede mantenerse, pero debería sujetarse a obligaciones homogéneas de reporte transaccional. Como regla general, la negociación secundaria de deuda pública debería permanecer en bolsa para concentrar liquidez y fortalecer la curva soberana, salvo las operaciones entre entidades públicas autorizadas por el artículo 37 y sujetas a registro informativo obligatorio.
La transparencia también tiene un valor económico
La conversación no debería reducirse a escoger entre bolsa o mercado extrabursátil. Ambos
pueden coexistir y cumplir funciones distintas. La prioridad debería ser garantizar que la
comparación se realice con información equivalente: montos, instrumentos, precios, tasas,
plazos y participantes, publicados con criterios homogéneos y oportunos.
En el segmento público ya existe una obligación de reporte. El siguiente paso lógico es cerrar la brecha estadística de las colocaciones directas de las instituciones financieras. Sin esa información, cualquier afirmación sobre cuál mercado es más grande, más barato o más eficiente será necesariamente parcial.
El mercado bursátil no debe defenderse porque cobra comisiones, sino porque concentra liquidez y produce precios públicos. El extrabursátil no debe rechazarse porque opere directamente, sino evaluarse por la calidad de la información que genera y por el tipo de operación que atiende.
En un mercado pequeño, ahorrar centavos en una comisión puede costar mucho más en liquidez, referencias de precios y financiamiento. La pregunta decisiva no es cuánto cuesta ejecutar una transacción, sino cuánto vale para el país saber si el precio obtenido fue realmente el mejor.